España busca criminalizar la inmigración y la solidaridad
Un grupo de ciudadanos ha puesto en marcha la plataforma ‘Salvemos la hospitalidad’, con un manifiesto que se opone a la aprobación del artículo 53C, del anteproyecto a la reforma de la Ley de Extranjería, el cual sancionaría a quienes ayuden solidariamente a las personas extranjeras en situación irregular.
En España residen un total de 5,22 millones de extranjeros, según el informe del padrón definitivo aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del año pasado. Esa cifra supone que los nuevos residentes representan el 11,3% de la población española. Aunque las cifras difícilmente son precisas, para el Instituto Nacional de Estadísticas el número de inmigrantes ‘sin papeles’ asciende a un millón.
Diversas organizaciones no gubernamentales, fundaciones y congregaciones religiosas acogen a estas personas, con el fin de ayudarles a regularizar su situación, guiarles en el proceso para encontrar un trabajo, enseñarles el idioma -en el caso que así se necesite- e integrarse a la sociedad.
Asimismo también hay personas particulares que deciden, de manera solidaria, acoger a un migrante en casa, sin esperar nada a cambio, con el único objetivo de ayudar a una persona con menos oportunidades, a salir adelante.
A ellos, y a muchas organizaciones que ofrecen apoyo a inmigrantes, les ha tomado por sorpresa el nuevo anteproyecto de la reforma a la Ley de Extranjería, particularmente el artículo 53C, que sanciona como falta muy grave con multas de 501 a 10.000 euros a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. “Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto” señala el documento.
El Gobierno ha justificado esta medida presuponiendo que ésta ayudaría a combatir las mafias que se aprovechan de la situación de necesidad de los 'sin papeles'.
Luego de analizar, estudiar y discutir el anteproyecto en cuestión, Julián Ríos, docente de Derecho penal de la Universidad Pontificia de Comillas, y otros amigos y colegas que también trabajan con temas relacionados con la inmigración, y que incluso han acogido en sus hogares a inmigrantes, decidieron poner en marcha la plataforma ‘Salvemos la Hospitalidad’, que reivindica el deber ético de la hospitalidad.
Según Julián Ríos, para cambiar esto y al estar en la fase del anteproyecto, había que hacer un poco de presión, generar opinión pública y dar a conocer a los ciudadanos esta situación. Se redactó un manifiesto firmado por 15 personas, entre ellas docentes, abogados, artistas, sacerdotes y otras personas que apoyaban la iniciativa. A través de Internet se ha hecho la difusión y se ha animado a quienes estén de acuerdo con el manifiesto se sumen con sus firmas, las cuales han sido registradas en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de marzo.
Aproximadamente seis mil personas firmaron el texto, y además, se pudo llamar la atención de medios de tirada nacional, como El País, El Mundo y Público, así como de blogs que apoyan causas sociales.
Próxima fase: influencia en el trámite parlamentario
La plataforma ‘Salvemos la Hospitalidad’ espera que no se apruebe este artículo. Julián Ríos cree que con el manifiesto, y el apoyo que se ha recibido, este se podría retirar o al menos matizarlo. “Se podría exigir en el artículo que se sancione si existe algún ánimo de lucro al acoger al inmigrante en situación irregular, porque no es lo mismo hacer esto de manera altruista” señaló Ríos.
Otro de los que se ha unido a la plataforma es Daniel Izuzquiza, sacerdote jesuita y coordinador de la fundación Pueblos Unidos. Para él, lo más serio es que este artículo amenaza a una práctica solidaria cotidiana que es proporcionar acogida, soporte, hospitalidad a personas en una situación muy frágil.
“Esperamos que como todavía estamos en la fase del anteproyecto, el Gobierno cuando lo presente como proyecto, modifique este artículo. Esa sería la forma más sencilla de solucionar el asunto. Si no es así, pues habrá que tratar de influir en el trámite parlamentario. Esa es la siguiente fase que tenemos en el horizonte” añadió.
Miguel Santiago, docente de Biología y Geología en el Instituto López Neyra, en Córdoba, y otro de los ciudadanos con compromiso social, que se ha unido a esta causa, considera que “cuando nos creemos las cosas desde el corazón y la inteligencia se consiguen muchas cosas, podemos mover montañas” afirma.
En el más oscuro de los panoramas, si este artículo del anteproyecto pasa, los miembros de la plataforma están dispuestos, incluso, a crear una estrategia de desobediencia a la ley. “No nos pararían, llegaríamos hasta las últimas consecuencias, incluso con penas de cárcel. A mí, personalmente, nadie me va a obligar a que renuncie a apoyar y acoger a personas machacadas por la injusticia social” asegura Miguel, quien ha acogido dos chicos marroquíes que ahora son parte de su familia.
Así, la plataforma continúa y continuará trabajando con optimismo para salvar la hospitalidad. Para el hermano Juan Carlos Durán, del Centro de Acogida de San Juan de Dios en Málaga “la hospitalidad con las personas que vienen de fuera supone un reto para nuestra capacidad de acogida que va mas allá de ofrecer un techo, unos medios básicos de subsistencia, para adentrarse en el complejo mundo del reconocimiento de la persona inmigrante en todas sus dimensiones, como sujeto de derechos y dignidad”. “Hay muchos inmigrantes trabajando en nuestro país, pero ni mucho menos reconocidos como iguales” añade el Hermano Juan Carlos Durán.
La criminalización de la inmigración y la solidaridad
La Ley de Extranjería actual ha estado en vigor desde el año 2000, con dos modificaciones, una en el mismo año y otra en 2003. Si bien, como opina Daniel Izuzquiza, en estos últimos años la realidad de la migración en España ha cambiado mucho. Para él, esta reforma de ley es una oportunidad perdida, porque sigue siendo una interpretación restrictiva, a la defensiva y temerosa de la inmigración. “Es una ley de control de la extranjería, no es una ley de la apuesta por la inmigración y la revitalización que esta supone en la reconfiguración de la sociedad española”. “Yo creo que en este sentido es un poco miope y no responde a los retos” añadió el coordinador de Pueblos Unidos.
La interpretación que ofrece Daniel Izuzquiza es que se van dando pasos en la línea de criminalizar a la inmigración. En este caso no sólo se ataca a la persona en situación irregular, sino también a sus redes de apoyo. La poca ayuda que pueden recibir estas personas, también se intenta cerrar. Todo esto, sumado a que una persona en situación irregular puede ser encerrada en un Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE, por no tener documentación, y en condiciones aún peores que en una cárcel.
Para Julián Ríos este es un tema ético. “El Estado no puede sancionar a los que están al lado de quienes más sufren. Olvidarse de la compasión, de la solidaridad”. En su opinión el objetivo con estas medidas propuestas es aislar a los extranjeros irregulares que permanecen aquí. Se trata también de seguir en la línea de la Comunidad Europea, y países como Francia e Italia, con medidas más restrictivas en el tema migratorio.
“Europa se blinda, no quiere perder el estatus que tiene. Frente a los pobres y la miseria que están generando, no quieren saber nada, se despreocupan y ya está. La forma de protegerse es “levantar muros”. Para él esto implica “recibir extranjeros nada más vinculados al trabajo, y cuando estén cualificados ‘les damos una tarjeta azul’ y que vengan antes, pero los pobres, lejos…” añade Ríos.
Las restricciones según este docente universitario son en varios frentes. La Unión Europea está presionando y ha conseguido que los códigos penales de Senegal y Marruecos castiguen a quien intente salir del país, con dos años de prisión. Y a aquellos que logren salir si son descubiertos son llevados directamente a Centros de Internamiento de Extranjeros.
Para Miguel Santiago se está acorralando a los inmigrantes en situación irregular porque los inmigrantes son vistos como objetivo económico. Si producen y aportan beneficios al sistema bienvenidos sean. Por el contrario, en tiempos de crisis “estorban por los mismos intereses del sistema”. El inmigrante no es considerado ciudadano, como mucho de tercera. “Todos los que les ayudamos rompemos con este sistema injusto y, por lo tanto, nos tiene que amedrentar”, agrega Miguel.
Criminalizar la solidaridad, es como desmoronar las bases éticas en las que el aparato jurídico de un Estado social y de derecho se sustenta, opina Daniel Izuzquiza. “Uno no puede legislar contra lo que le da legitimidad. Se supone que el legislador lo que tiene que hacer es crear leyes para organizar mejor la sociedad, para encauzar la solidaridad, la justicia, la integración. No puede uno legislar contra eso”. “En esa línea es que va esa reforma, que sería una ley ilegitima”, asegura.
A pesar de las restricciones que se asoman en el panorama para los inmigrantes, Daniel Izuzquiza rescata que para todos aquellos que ejercen la solidaridad y la hospitalidad en el día a día, es importante aprovechar esta ocasión, esta amenaza, para convertirla en una oportunidad de extender el tejido solidario. Se puede empezar con iniciativas personales, que puedan llegar a ser familiares, de barrios o comunidades parroquiales. En otras palabras, una suma de acciones que permitan lograr una gran fuerza solidaria. El primer paso ya se ha dado con la plataforma ‘Salvemos la Hospitalidad’.
Por: Diana Suárez Díaz
Publicado en la revista Juan Ciudad
