Las ONG denuncian el acoso al inmigrante
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La Plataforma ciudadana “Salvemos la hospitalidad” surgió hace unos meses “como respuesta a la precarización de valores como la hospitalidad y la solidaridad, valores inalienables amenazados por el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería”. Muchos colaborasteis con vuestra firma en esta campaña.
Ahora acaban de impulsar la segunda fase de la iniciativa “Salvemos de nuevo la hospitalidad”, “porque el gobierno presentó su proyecto de ley de Extranjería y pretende discutirlo y aprobarlo con gran rapidez (incluso con periodo extra de sesiones veraniegas)”, explican.
Los miembros de la plataforma consideran que aunque el Gobierno ha acogido algunas de sus sugerencias, hay varias cuestiones “que van al núcleo duro de valores como los que defendemos, comunes a lo mejor de todas las culturas, y que han han encontrado su más lograda expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”.
Se refieren a tres aspectos concretos del Proyecto de Ley:
1.- “El Proyecto sorpresivamente modifica la anterior redacción de la Exposición de Motivos y añade un párrafo nuevo nada inocente que, en su apartado VII, equipara, para todo el articulado de la ley, el término “residente” con el de persona extranjera con autorización de estancia o residencia legal. Esta aparente “cuestión menor”, introducida fuera del desarrollo normativo, invisibiliza definitivamente a los inmigrantes sin papeles y revela una grosera falta de respeto a los valores éticos y democráticos, especialmente hacia los Derechos Humanos “universales” de segunda generación. Miles de seres humanos que viven entre nosotros quedarían excluidos del efectivo ejercicio de derechos humanos sociales y sanitarios. Incluso los menores que tienen garantizados por la Convención de los Derechos del Niño la plenitud de sus derechos verían comprometida la eficacia del derecho a la salud, a la escolarización, etc”.
2.- Critican también la redacción dada finalmente por el Proyecto al apartado c) del artículo 53.2: “Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes”.
“Mantiene la política, reflejada en la Exposición de motivos, de perseguir “a quienes faciliten el acceso y la permanencia de la inmigración en España”, pero sin las matizaciones necesarias y pertinentes que permitirían no equiparar comportamientos ética y jurídicamente contrapuestos. Fruto de ello es que convierte en “actuación fraudulenta”, merecedora de graves sanciones, la de invitar y acoger a un extranjero por el mero hecho de que éste, unilateralmente, decida prorrogar la estancia de modo irregular en España. La pretensión de asfixiar valores como la acogida y la solidaridad se solapan con el legítimo deseo de evitar el fraude de ley. Pero, es tal la preocupación por “reforzar el régimen sancionador”, que se acaba pervirtiendo la lógica del buen Derecho”, denuncian desde la plataforma.
Ponen un ejemplo para mostrar lo que supone este apartado del proyecto de ley: un residente legal en España invita a un hermano a pasar los tres meses de verano en su casa; transcurre dicho periodo y el hermano visitante, por las razones que fueren, decide prorrogar su estancia. Esto provoca varias consecuencias crueles e injustas: a) Automáticamente se presume, por exigencia de la ley de extranjería, que la carta de invitación que le hizo ¡es fraudulenta! Sin más prueba. Porque sí. Y ello, a pesar de que “en ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada”. Por consiguiente, el invitante se convierte en autor de una infracción “grave” sancionable con hasta 10.000 euros.
3.- También denuncian como un flagrante ataque al valor ético de la hospitalidad el artículo 53, 2 d) que sanciona el “consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero”. “No se olvide que el legislador está pensando en este caso en el empadronamiento a título gratuito (en razón de hospitalidad altruista), pues el que se realiza con ánimo de lucro aparece sancionado como muy grave en el art. 54 1 e). Hagamos una vez más hincapié: estamos hablando, por tanto, de comportamientos solidarios”, señalan.
“Si se mantiene esta regulación, lejos de evitar lo que parece que se quiere evitar (los pisos patera), se puede llegar a provocar una situación de grave riesgo e indefensión para muchos y de peligro para la salud pública: el no empadronado no tiene tarjeta sanitaria, no va al médico, acaba no vacunando a sus hijos y se convierte en un factor patógeno. ¡Los virus no entienden de leyes de extranjería!”, añaden.
FUENTE: Canal Solidario